Más control bajo la administración Trump sobre la emisión y vigencia de visas

Tucson, Arizona. – La administración del expresidente Donald Trump incrementó el nivel de escrutinio en el proceso de otorgamiento de diversos tipos de visas, una política que también ha derivado en la revocación de documentos ya emitidos. Un caso reciente que ha generado controversia en ambos lados de la frontera es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, quienes fueron notificados por el Consulado de Estados Unidos en Tijuana de la cancelación de sus visas.

Como lo explica el abogado de inmigración Alex Gálvez a Conecta Arizona, la aprobación, negación o revocación de visas estadounidenses es una facultad discrecional del gobierno de Estados Unidos.
“El gobierno no está obligado a dar explicaciones, pero sabemos que existen diversas razones por las que se puede negar o revocar una visa de turismo o no inmigrante. Por ejemplo, si se utiliza para fines distintos a los autorizados, como trabajar en Estados Unidos con una visa de turista, o si se usa de manera fraudulenta”, explicó Gálvez.

Revocación de visas y reacciones oficiales

El 10 de mayo de 2025, la gobernadora Ávila anunció que el Departamento de Estado de EE. UU. revocó su visa de no inmigrante, así como la de su esposo. Ambos afirmaron no haber recibido una explicación oficial sobre la decisión. Ávila calificó la medida como “administrativa” y negó haber cometido delito alguno, asegurando que su conciencia está tranquila y que confía en que la situación se aclarará .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la gobernadora y solicitó al gobierno estadounidense una explicación formal sobre la revocación de las visas, subrayando la importancia de la transparencia en este tipo de decisiones.

Aunque no se ha proporcionado una razón oficial, diversos medios han reportado posibles causas para la revocación del documento migratorio. El semanario Zeta informó que la decisión podría estar relacionada con la orden de la gobernadora de detener excavaciones en una fosa clandestina en Tijuana, donde se encontraron restos vinculados al crimen organizado.

Entre tanto, otros medios reportaron que Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora quien tiene aspiraciones para ser alcalde de Tijuana, enfrenta investigaciones tanto en Estados Unidos como en México por presuntos delitos financieros y de corrupción. Señalan que en EE.UU llevan a cabo una investigación por presunto lavado de dinero y conspiración.

La notificación fue entregada personalmente por el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, para evitar que la gobernadora enfrentara problemas al intentar cruzar la frontera, reportó El País.