México: la aprobación de la “ley antimemes” en el Senado de la República, impulsada por el gobierno, genera debate sobre libertad de expresión

En México, la aprobación del Senado de la República de la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida popularmente como “Ley Antimemes”, puso en el centro del debate público la utilización de imágenes, símbolos, dominios y documentos oficiales en el ámbito digital: la iniciativa impulsada por el gobierno -que ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados- fue defendida hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que no se trata de censurar o prohibir la creación y publicación de memes sino de evitar o sancionar el fraude y la suplantación de identidad, aunque especialistas advirtieron sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y riesgos para quienes utilizan símbolos gubernamentales en contenidos críticos o satíricos.

“Tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar, y en su caso también que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo. A eso se refiere este artículo. Nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia de prensa de hoy, al referirse a la iniciativa, aprobada con 72 votos a favor y 34 en contra, con el propósito de -se indica- salvaguardar los derechos de autor y de propiedad intelectual.

El proyecto plantea sancionar con cuatro a diez años de prisión y de 2 mil a 20 mil días de multa a quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional.

Además, se impondrá una sanción de cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medidas vigentes al momento en que se cometa el delito con el propósito de sancionar una conducta ilícita que pretenda obtener un beneficio económico, una ventaja competitiva o generar un impacto perjudicial significativo de la persona titular del derecho.

Ante lo que se espera que suceda en los próximos días debido a que el oficialismo cuenta con la mayoría calificada para aprobar la modificación, Conecta Arizona consultó a expertos para conocer los efectos que pudieran tener estos cambios.

La abogada litigante Nydia Rascón advirtió que la entrada en vigor de estos cambios podría representar una restricción a la libertad de expresión, particularmente para quienes utilicen contenidos relacionados con figuras o símbolos gubernamentales.

“Ahorita está en proceso de ser ley, ya fue votada por el Senado, está pendiente y en proceso en el Congreso de la Unión y no veo problema porque no vaya a ser ley, es decir, tienen la mayoría, así es que es cuestión de tiempo para verla publicada y entonces ver específicamente los artículos que se modificaron. Pero hay un artículo al que se hace referencia, al utilizar ciertos símbolos del gobierno y a todo aquello que nos hace pensar que pudiera ser un meme”, indicó.

Para la abogada, el principal riesgo de la legislación se encuentra en que una persona pueda enfrentar hasta pena de cárcel por expresar una opinión mediante ese tipo de contenidos, aunque dejó claro que será necesario analizar el artículo 403 Bis y, de requerirse, el amparo podría ser una vía legal para protegerse.

“¿Qué nos queda? Lo único o lo poco que nos queda es el amparo. Porque nos están limitando a expresarnos en contra del sistema, en contra del gobierno, que muchas veces no es suficiente utilizar la figura. Eso es la democracia. No todos todos pensamos igual, entonces sí, nos limita nuestra libertad de expresión”, expresó Rascón.

El sociólogo José Serna, por su parte, explicó que la medida podría modificar formas cotidianas de comunicación e ir más allá de la regulación de contenidos digitales, entre ellos la autocensura y cambios en la forma en que las personas se comunican en redes sociales.

Serna, también gestor cultural, puntualizó que aunque la medida puede buscar atacar la desinformación, las noticias falsas y el uso indebido de elementos puede generar temor entre los usuarios ante la posibilidad de enfrentar consecuencias legales, incluso antes de conocer a detalle sus alcances jurídicos

“Al establecer básicamente sus reglas de comunicación, nos está acotando las nuestras. Faltó mucha socialización en el terreno público y sobre todo popular, porque básicamente estás rompiendo fenómenos del uso de refranes, del uso de chistes y el uso de un sinfín de cosas que el mexicano está acostumbrado”, apuntó.

“En el fondo está la forma, y justamente establecer este tipo de reglas, pues, más que nada, más que seguridad, nos está dando incertidumbre como sociedad porque está criminalizando lo cotidiano. O sea, el lenguaje con el que nos comunicamos de manera única y propia entre amigos y familiares. ¿Y qué está provocando? Una autocensura”, agregó Serna.

“Votaron más de 70 senadores frente a 34, o sea, tampoco fue una mayoría absoluta. Es básicamente dos terceras partes, o sea sigue estando cuestionable todavía el tema de las decisiones”, finalizó.

Por otra parte, la organización internacional independiente y apartidista Artículo 19, que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo, rechazó la iniciativa y dijo que se trata de “una criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas” que “no tienen cabida en una sociedad democrática”.

“Las disposiciones aprobadas prevén penas de prisión por la utilización o imitación de la identidad gráfica gubernamental cuando concurran elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito. La definición del nuevo delito carece de la claridad, precisión y taxatividad necesarias, lo que abre la puerta a interpretaciones excesivamente amplias. Estas disposiciones podrían utilizarse para hostigar a periodistas, activistas y otras personas que emplean la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos e informativos. Por ello, la falta de claridad en su redacción pone en riesgo expresiones protegidas por la Constitución”, indica la declaración de Artículo 19.

“Aun cuando la reforma persiga una finalidad legítima, como prevenir fraudes, el Estado debe justificar por qué es necesario recurrir a penas privativas de libertad y por qué los mecanismos no penales resultan insuficientes. Además, la existencia de una finalidad legítima no exime a las y los legisladores de su obligación de formular disposiciones claras y precisas que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos”, agrega.