Naturalizados en la mira

Conozco a muchos que pensaron que juramentar frente a la bandera de las barras y las estrellas sería el final de un calvario migratorio. Duraron años, incluso décadas, en “arreglar papeles” y ya con el pasaporte azul en la mano se sintieron intocables, hasta que llegó Trump en una segunda vuelta a la Casa Blanca.

El presidente republicano volvió con una agenda marcada en contra de la migración, no solo la irregular. Ahora tiene en la mira la “desnaturalización” de ciudadanos estadounidenses que, dice, representan un riesgo para la seguridad nacional, eso incluye a algunos que se oponen a su ideología política y otros, cierto, que obtuvieron su ciudadanía a través de un fraude.

Esta administración tiene un plan que pretende revocar la ciudadanía a miles, pero están empezando con 384 personas. El Departamento de Justicia los tiene identificados en diferentes lugares del país, fiscales en 39 oficinas regionales ya recibieron sus asignaciones. Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales, describió este grupo como “la primera oleada de casos” que el gobierno pretende impulsar en este 2026. ¿Será que ahora también existe una cuota para quitar papeles?

Es una pregunta al aire de la que todos sabemos la respuesta. En diciembre de 2025, USCIS recibió instrucciones de identificar entre 100 y 200 casos mensuales durante el año fiscal 2026. Algo sin precedentes. Para ponerlo en contexto, entre 1990 y 2017, Estados Unidos procesó un promedio de apenas 11 casos de desnaturalización por año. Lo que hoy piden es mil veces más.

Ya nadie se salva. La interpretación de la ley es tan conveniente para algunos, que esas mismas líneas que le abren las puertas a uno, se las cierran a otros. La directriz es darle prioridad a las investigaciones y el cumplimiento de la norma en los procesos de desnaturalización de personas que habrían “obtenido ilegalmente” la ciudadanía estadounidense, según el Departamento de Justicia.

La intención es que todo el peso de la ley aplaste a los extranjeros con antecedentes penales que se han aprovechado del privilegio migratorio que los llevó a obtener la ciudadanía. La ley federal permite revocar la ciudadanía únicamente cuando se obtuvo ilegítimamente: por fraude en la solicitud, ocultamiento de información relevante, matrimonios “arreglados”, pertenencia a grupos terroristas o, en algunos casos, delitos graves cometidos poco después de naturalizarse.

Entonces, ¿se puede perder la ciudadanía? ¡Claro! Pero no es tan sencillo como lo pintan. Solo un juez federal puede ordenar la desnaturalización, y el gobierno debe presentar “pruebas claras, inequívocas y convincentes”, un estándar que la Corte Suprema ha descrito como “sustancialmente idéntico” al requerido en casos penales: más allá de duda razonable. Son muchos los casos que se conocen hasta ahora por fraude o crímenes mayores, por mentir durante el trámite u ocultar información. Pero podrían ser muchos más.

Todos conocemos a alguien que se casó por papeles. Para la mayoría era la única opción viable, ya que el sistema obsoleto de migración no incluye situaciones tan sencillamente complicadas como las suyas. Algunos hasta se enamoraron e hicieron una vida en lo que pensaban que era por mientras y así han pasado las décadas. Eso los podría poner en la mira de las autoridades y los convertiría en presa fácil si se descubre este secreto a voces.

Y, mientras tanto, hay familias que no duermen pensando si ese matrimonio de hace 20 años, ese error en un formulario o esa mentira “piadosa” que dijeron por miedo los va a convertir en el próximo caso. Porque cuando la ley se interpreta con tanta discrecionalidad cualquiera puede terminar en la lista. Y eso no es justicia. Eso es intimidación.