Orden ejecutiva posiciona a poblaciones indocumentadas como riesgo financiero

Cajeros automáticos de una sucursal de Chase Bank (Foto: Archivo AP).

➡️ Por: Arien Roman Rojas

La orden ejecutiva para fortalecer los controles de los bancos en la prevención del fraude, publicada el 19 de mayo por la Administración del presidente Donald Trump, se enfoca a los inmigrantes y busca disminuir “actividades ilícitas” como narcotráfico, lavado de dinero y evasión de impuestos por parte de personas que emplean a inmigrantes indocumentados, aunque abogados de inmigración cuestionaron la medida al asegurar que perjudicaría a la comunidad migrante. 

“El objetivo es convertir a los bancos en una extensión de los agentes de ICE”, dijo Pedro Chávez, abogado de inmigración con práctica en Texas y California, en declaraciones a Conecta Arizona. Por su parte, Hannah Jeppsen Soo, abogada de inmigración radicada en Kansas, señaló que considera que estas nuevas regulaciones podrían colocar tanto a los empleados bancarios como a los inmigrantes en situaciones incómodas.

La orden ejecutiva busca fortalecer los mecanismos para identificar a personas involucradas en actividades ilícitas, permitir que las instituciones financieras evalúen la legitimidad de sus clientes en función de su estatus migratorio y crear juntas consultivas que ayuden a los bancos a detectar posibles indicios de actividad financiera sospechosa.

La orden ejecutiva identifica varias acciones que podrían considerarse indicativas de fraude y que, según el documento, deberían ser motivo de investigación por parte de las instituciones financieras. Entre ellas se encuentran:

  • El uso de Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas bancarias sin un estatus migratorio verificado.
  • El uso de pasaportes o identificaciones extranjeras para abrir cuentas bancarias.
  • Patrones de evasión fiscal por parte de empleadores o intermediarios laborales.
  • Depósitos o retiros de efectivo que coincidan con ciclos de nómina realizados fuera de sistemas de pago autorizados.
  • El uso de procesadores de pago de terceros para evadir obligaciones tributarias.

Pedro Chávez, abogado de inmigración con práctica en Texas y California, afirmó que la orden ejecutiva amplía la lista de indicadores que los bancos utilizan para detectar posibles actividades ilícitas y los enfoca específicamente en los inmigrantes.

“El objetivo es convertir a los bancos en una extensión de los agentes de ICE”, dijo Chávez a Conecta Arizona. “Quieren llevar al inmigrante a un punto en el que sea interrogado como si estuviera frente a ICE”.

Por su parte, Hannah Jeppsen Soo, abogada de inmigración radicada en Kansas, señaló que estas nuevas regulaciones podrían colocar tanto a empleados bancarios como a inmigrantes en situaciones difíciles.

“Financiar un vehículo no tiene nada que ver con el estatus migratorio de una persona. Tiene que ver con si puede pagar y si califica para el préstamo”, dijo Jeppsen Soo a Conecta Arizona. “Sinceramente, no creo que la gente quiera verse sometida a esa presión, pero podría ser algo que tengan que hacer si quieren conservar sus empleos”.

Chávez agregó que, una vez transcurridos 90 días, el Departamento del Tesoro deberá incorporar estos criterios a las regulaciones que utilizan las instituciones financieras.

¿Cómo me afecta esto si soy inmigrante?

La orden sostiene que los inmigrantes indocumentados representan un mayor riesgo crediticio para las instituciones financieras debido a la posibilidad de que sean deportados o pierdan su empleo en cualquier momento. Según el documento, las personas que carecen de autorización para trabajar en Estados Unidos enfrentan una mayor probabilidad de quedarse sin empleo.

Por ello, la orden argumenta que los inmigrantes indocumentados podrían tener más dificultades para cumplir con obligaciones financieras relacionadas con productos de crédito, como tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios o financiamiento para vehículos.

“Creo que esto significa que será más difícil obtener préstamos para las personas que no tienen un número de Seguro Social”, dijo Jeppsen Soo. “Se trata de dificultar que los inmigrantes puedan vivir sus vidas y hacer que participar en la sociedad sea tan complicado que opten por autoexpulsarse”.

Tanto Jeppsen Soo como Chávez enfatizaron que, por ahora, los abogados de inmigración solo pueden especular sobre los posibles efectos de la orden. Como aún no se han implementado cambios concretos en las leyes o regulaciones, señalaron que no hay medidas específicas que las personas puedan tomar para prepararse.

Con el objetivo de proteger a las instituciones financieras, la orden autoriza modificaciones a las regulaciones derivadas de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), que exige a los bancos reportar actividades sospechosas al gobierno. Entre los cambios propuestos figura la posibilidad de que las instituciones recopilen información sobre el estatus migratorio y la situación laboral de sus clientes para evaluar si deben ofrecerles productos de crédito.

“Va a afectar a todo el mundo. Estas son regulaciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, así que me afectarán tanto si soy ciudadano estadounidense como si soy indocumentado”, dijo Chávez.

De aprobarse, estos cambios permitirían a los bancos considerar la falta de autorización de empleo como un factor para iniciar investigaciones sobre sus clientes.

“La orden, por sí sola, no cambia las regulaciones bancarias. Lo que hace es instruir al Departamento del Tesoro para que desarrolle cambios regulatorios”, explicó Chávez.

Según el abogado, el Departamento del Tesoro tendría 90 días para publicar las nuevas regulaciones. Con el tiempo, estas podrían traducirse en medidas obligatorias para las instituciones financieras.

“Cuando eso ocurra, anticipamos que habrá litigios para intentar detenerlas. Pero, si eso no sucede, cambiará la forma en que los bancos interpretan y evalúan las actividades de las personas indocumentadas”, afirmó Chávez.

¿Que tiene que ver el uso del ITIN?

Un ITIN ayuda a los inmigrantes que no califican para un número de seguro social (SSN) a pagar los impuestos y se obtiene vía una aplicación distribuida por el Servicio de Impuesto Internos (IRS).

Los ITINs son usados por todo tipo de inmigrantes para pagar impuestos como estudiantes internacionales (visa tipo  F1 y visa tipo M1) y sus dependientes (F2 y M2), estudiantes de intercambio (J1) e inversionistas. Como la IRS dice que los extranjeros residentes y extranjeros no residentes pueden aplicar a un ITIN “independiente de su estatus migratorio”, los inmigrantes indocumentados también pueden aplicar para un ITIN.

El IRS dice que el ITIN no es un permiso de trabajo, no puede ser usado para calificar a beneficios de seguro social y no es una manera de cambiar estado migratorio. 

Los mismos inmigrantes que califican para un ITIN pueden usarlo para abrir una cuenta de banco. La mayoría de bancos en los Estados Unidos lo aceptan para abrir una cuenta bancaria después de presentar una forma de identificación como un pasaporte o una identificación consular con fotografía, prueba de domicilio como una factura de servicios o contrato de arriendo, y un número ITIN.

Como los inmigrantes indocumentados pueden obtener un ITIN, la orden dice que usarlo es señal de que haya riesgo de crédito para los bancos. Además, la orden también señala que el hecho de que inmigrantes con un ITIN tengan cuentas bancarias puede facilitar que trabajen ilegalmente.

“Lo que está diciendo es si alguien usa un ITIN eso debería ser una bandera roja para la persona financiando el préstamo o para la persona abriéndole la cuenta de banco”, dijo Jeppsen Soo.

Esta orden no prohíbe el uso de un ITIN ni prohíbe que los inmigrantes tengan cuentas bancarias. A pesar de esto, usar un ITIN para abrir una cuenta de banco, el constante uso de plataformas peer to peer como Venmo y Zelle y no tener permiso de trabajo puede provocar una investigación del banco sobre el estatus migratorio de un cliente.

“La razón por la que la Administración de Trump quiere poner esos tipos de transacciones como banderas rojas que llevan a diligencia debida es porque la mayoría del tiempo la gente con pagos excesivos de Venmo o Zelle son parte de la economía informal”, dijo Chavez. “No califican para autorización de trabajo, entonces no pueden conseguir un trabajo real pero todavía tienen que hacer dinero en los Estados Unidos entonces venden tamales, venden raspados, hacen jardinería y labor manual y les pagan por Venmo o Zelle”. 

Chavez mencionó que una investigación solo ocurre cuando el banco pone la cuenta de un cliente en lo que la orden llama “diligencia debida”, donde investigan el origen de ingresos. Esto ocurre cuando ha habido muchas acciones conjuntas sospechosas.

Chavez mencionó que si en el futuro un banco congela su cuenta bancaria por estas nuevas regulaciones, no pueden apoderarse de su dinero a menos de que lo haya obtenido ilegalmente, por cosas como narcotráfico.

“El banco no puede robar su dinero. De pronto puede llegar a procedimiento de deportación pero no va a perder su dinero”, dijo Chavez.   

Chavez no hizo ninguna sugerencia sobre si los inmigrantes deberían dejar de usar plataformas como Venmo y Zelle, aunque dijo que es una decisión personal que depende de la situación de cada persona. Él espera que cuando estas regulaciones se pongan en marcha la gente podría explicar por qué usan esas plataformas sin tener que revelar su estatus migratorio.

“Todavía pueden explicarlo pasado un cierto punto…solo porque muchas personas usan plataformas peer to peer”, dijo Chavez. “En combinación con los otros factores probablemente sí sería una señal roja que no podrían explicar a menos de que revelaran que son indocumentados.

Chavez mencionó que, por lo que decía la orden, es probable que las nuevas regulaciones no sean retroactivas. Esto significa que, si alguien tuvo transacciones como las mencionadas en el pasado, es improbable que no sean señalados.

Jeppsen Soo dijo que esta orden ejecutiva equivale al anuncio de una cooperación entre el IRS y ICE, donde ICE puede solicitar los impuestos de una persona que esté buscando. Jeppsen Soo agregó que, aunque sabe que han habido consecuencias de esa cooperación, no ha tenido a clientes que hayan lidiado con la aplicación migratoria solo por hacer los impuestos.

“Creo que la idea es asustar a la gente…Yo creo que hay muchas organizaciones que van a trabajar muy duro para asegurarse que esto no pase o que sea reducido de alguna manera”, dijo.

Pasos siguientes

Al hablar sobre qué medidas tomar tras la emisión de esta orden, Jeppsen Soo se mostró cautelosa a la hora de hacer recomendaciones.

“No quiero generar alarma ni empezar a advertir sobre algo cuyos efectos todavía desconocemos”, dijo. “Creo que es una decisión personal. Quienes tengan preocupaciones sobre este tema deberían consultar con un profesional, como un abogado de inmigración. Si les preocupa cómo podrían aplicarse estas medidas desde el punto de vista financiero, también podrían hablar con un contador, especialmente si manejan varias cuentas bancarias”.

Chávez expresó una opinión similar.

“Por ahora, esperen. No cambien su vida cotidiana todavía, pero manténganse informados”, señaló.

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