Piden calma a estudiantes tras demanda federal contra colegiaturas para “Dreamers”

Phoenix, AZ.– El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció que ha demandado a Arizona por una ley estatal que permite a los inmigrantes indocumentados calificar para las mismas tarifas reducidas de colegiatura que se ofrecen a los residentes del estado en colegios y universidades públicas.

De acuerdo con medios de comunicación la ley en el centro de la demanda es la Proposición 308, una medida electoral aprobada por los votantes de Arizona en noviembre de 2022. Bajo esta legislación, los estudiantes que asistieron a una escuela preparatoria (high school) de Arizona durante al menos dos años y se graduaron, califican para la tarifa de residentes, independientemente de su estatus migratorio.

La demanda del gobierno federal, que también incluye quejas similares contra Nuevo México, Oregón y Washington, argumenta que la política de Arizona entra en conflicto con los estatutos federales al extender beneficios de colegiatura a inmigrantes sin estatus legal, los cuales no están disponibles de la misma forma para ciudadanos estadounidenses que residen fuera del estado.

Ante esta situación, Reyna Montoya, directora ejecutiva, fundadora de la organización Aliento y beneficiaria del programa DACA, reaccionó a la noticia, pidiendo calma a la comunidad estudiantil.

“Cuando escuché las noticias me causó mucha alerta, porque creo que lo primordial es saber que una demanda no cambia la ley; eso es muy importante para los estudiantes. Ahorita que están matriculados para las universidades, me llamaron y mandaron mensajes bastantes estudiantes preocupados de que esto fuera a cambiar sus colegiaturas estatales. Primero que nada, es importante que los estudiantes sepan que esto es solamente una demanda y que no ha cambiado la ley de Arizona”, explicó Montoya en entrevista.

Montoya destacó el respaldo legal previo emitido por la Fiscal General del Estado. “Me dio mucho aliento que la procuradora de Arizona ya había emitido una opinión acerca de esta ley y la Propuesta 308, indicando que es constante con la ley federal. Lo que vemos es que el Departamento de Justicia está tratando de poner más trabas para que los estudiantes indocumentados o ‘soñadores’ puedan seguir yendo a las universidades. Están haciendo la demanda porque quieren causar temor, pero estoy muy confiada de que un juez estará de acuerdo con la procuradora de Arizona”.

Sobre los siguientes pasos legales, la directora de Aliento detalló que el proceso se librará en los tribunales locales.

“Cada estado tiene su propia corte. Primero va a tener que ir a una corte federal aquí en Arizona, y los otros estados involucrados seguirán su proceso respectivamente. Tenemos que esperar a que la demanda se presente ante un juez federal aquí en las cortes de Arizona para saber cómo interpretan la ley; si falla en contra, todavía se puede apelar ante el 9.º Circuito, que tiene jurisdicción sobre el estado”, señaló.

Las cifras detrás de la demanda
La denuncia federal, de acuerdo a información de la agencia AP, se apoya en un informe del Centro de Periodismo de Investigación de Arizona publicado en enero, el cual estimó que más de 3,600 inmigrantes sin estatus legal al año podrían ser elegibles para la tarifa de residentes bajo la ley estatal.

El informe encontró que tan solo durante el semestre de otoño de 2025, al menos 720 estudiantes ya recibían estas tarifas en instituciones públicas: 432 en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), casi 200 en Pima Community College y menos de 70 en la Universidad de Arizona. Con una diferencia de aproximadamente $24,000 dólares entre la colegiatura para residentes y no residentes en ASU, el DOJ calculó que estos estudiantes recibieron alrededor de $10.5 millones de dólares en reducciones tan solo en el último año.

“Al otorgar colegiaturas estatales a extranjeros ilegales, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están haciendo a un lado a los ciudadanos e ignorando la ley federal”, declaró en un comunicado Stanley E. Woodward Jr., Fiscal General Asociado.

Defensa legal desde Arizona
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, reiteró su postura de que la Prop 308 es legal y prometió defenderla enérgicamente en los tribunales.

“El gobierno federal ha demandado ahora a 21 estados por permitir que los Dreamers que asistieron a la escuela en lugares como Arizona puedan pagar una educación universitaria. Fundamentalmente, se trata de los derechos de los estados y defenderé el derecho de Arizona a establecer sus propias reglas, especialmente aquellas aprobadas por los propios votantes”, sentenció Mayes.

La funcionaria estatal argumenta que la demanda del DOJ parte de una premisa errónea, ya que la Prop 308 no condiciona la elegibilidad a la residencia, sino al hecho de que el estudiante haya asistido y se haya graduado de una preparatoria de Arizona, vinculando el beneficio al lugar donde estudió y no a donde vive.

Finalmente, Reyna Montoya envió un mensaje a los votantes que aprobaron la medida y a los estudiantes beneficiados.

“Mi mensaje para los votantes de Arizona es darles las gracias, porque ya estamos viendo el impacto. He conocido a personas que ya son enfermeras o que se recibieron con maestría y doctorado. No les están regalando nada; los estudiantes todavía tienen que pagar para ir a la escuela. Para los estudiantes, les digo que no se rindan, vamos a tener que estar bien firmes y seguir luchando. La lucha sigue y estoy muy optimista de que vamos a ganar en las cortes”, concluyó la activista.