Trump pide a universidades alinearse con sus prioridades a cambio de fondos; Universidad de Arizona “revisa cuidadosamente” la propuesta

Tucson, Arizona. – El gobierno federal ha solicitado a nueve universidades del país, entre ellas la Universidad de Arizona (UA), que se comprometan con varios puntos de la agenda del presidente Donald Trump en un “pacto” de educación superior recientemente propuesto.

La propuesta, reportada por primera vez por The Wall Street Journal, fue enviada a nueve universidades, ofreciendo prioridad para recibir fondos federales si aceptan demandas relacionadas con la libertad de expresión, los estudiantes internacionales, la asequibilidad universitaria y otros puntos.

“La universidad se enteró del pacto por primera vez cuando lo recibimos el 1 de octubre. Actualmente lo estamos revisando detenidamente”, escribió un vocero de la universidad a Conecta Arizona.

Un grupo de profesores envió este viernes una carta al presidente de la institución, en la que le recuerdan que “nuestra misión trasciende a los partidos políticos y los compromisos cuestionables que estos exijan. Nuestra misión es servir a la gente del estado de Arizona”, se lee en uno de los párrafos de la misiva. La carta está firmada por la doctora Leila Hudson, presidenta de la Facultad en la Universidad de Arizona y profesora de la Escuela de Estudios Globales, del College of Social and Behavioral Sciences.

Un documento enviado a estas universidades las anima a aceptar la visión de la administración Trump sobre los campus universitarios. Esto incluye compromisos en temas como admisiones, deportes femeninos, libertad de expresión, disciplina estudiantil y asequibilidad de la educación superior.

Firmar este acuerdo —llamado “Pacto por la Excelencia Académica en la Educación Superior”— daría a las universidades “múltiples beneficios”, incluyendo subvenciones federales “sustanciales” y mayores pagos por costos indirectos, según una carta adjunta al documento. La carta lo describe como un esfuerzo proactivo mientras el gobierno continúa investigando presuntas violaciones a derechos civiles en los campus, según reportó AP.

Entre los puntos del pacto: las universidades tendrían que aceptar la definición de género del gobierno y aplicarla a baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos. También se les pide eliminar criterios de raza, género u otros datos demográficos en admisiones, y exigir a todos los solicitantes de pregrado tomar el SAT o ACT.

El acuerdo, de 10 páginas, fue enviado este miércoles a universidades como: Vanderbilt, Universidad de Pensilvania, Dartmouth, Universidad del Sur de California (USC), MIT, Universidad de Texas, Universidad de Arizona, Brown y la Universidad de Virginia. No se explicó por qué se eligieron estas instituciones.

Según la carta, estas universidades podrían ser las “firmantes iniciales” del pacto y se les invita a dar retroalimentación antes de que se finalice el lenguaje del acuerdo. Se espera una respuesta antes del 21 de noviembre.

Un nuevo enfoque con incentivos

Este pacto representa un cambio en la estrategia del gobierno, que ahora ofrece recompensas —y no solo castigos— a las universidades que adopten su agenda política. Muchas de las exigencias reflejan las medidas impuestas anteriormente a universidades como Harvard y Columbia, acusadas de tener un sesgo liberal. En septiembre, un juez federal anuló los recortes de fondos a Harvard, al considerar que el gobierno excedió su autoridad.

Algunas universidades dijeron estar revisando el documento y no hicieron comentarios. La Universidad de Virginia dijo en un comunicado que no había indicios de por qué fue seleccionada. El presidente interino de la institución convocó a un grupo de administradores para analizar la carta.

En contraste, el sistema universitario de Texas se mostró complacido con la invitación. “Nos sentimos honrados de que se haya considerado al campus de Austin para este pacto y sus posibles beneficios financieros”, dijo Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes.

En California, el gobernador Gavin Newsom advirtió que cualquier universidad del estado que firme el pacto perdería acceso a fondos estatales, incluyendo las becas Cal Grants, que representan un programa de ayuda estudiantil de $2,800 millones. En un comunicado en mayúsculas, Newsom afirmó: “California no va a financiar universidades que traicionen a sus estudiantes, profesores e investigadores y renuncien a la libertad académica”.

Restricciones en estudiantes internacionales y aumentos de matrícula

El pacto también propone limitar la matrícula de estudiantes internacionales al 15% del alumnado de pregrado, y que ningún país represente más del 5% del total. Según datos federales, todas las universidades invitadas están dentro del límite, aunque Dartmouth y USC están cerca del umbral, con 14%.

Otras propuestas clave buscan promover puntos de vista conservadores. El pacto requiere que los campus sean “un mercado vibrante de ideas” y que ningún departamento esté dominado por una sola ideología. Para lograrlo, las universidades tendrían que evaluar las opiniones de estudiantes y profesores, y hasta transformar o eliminar unidades que “castiguen, ridiculicen o inciten a la violencia contra ideas conservadoras”.

También se exigen políticas que prevengan protestas que interrumpan clases, bibliotecas o actividades académicas, como las que se vivieron el año pasado durante las manifestaciones por la guerra entre Israel y Hamas.

Además, las universidades firmantes tendrían que congelar la matrícula para estudiantes estadounidenses durante cinco años, y aquellas con fondos superiores a $2 millones por estudiante no podrían cobrar matrícula a quienes estudien programas de ciencias exactas.

Críticas y advertencias

Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, instó a las universidades a rechazar el pacto, al considerarlo una amenaza a la independencia universitaria y a la libertad de expresión. “No vale los compromisos que tendrían que hacer”, dijo. “Es un pacto fáustico”.

El pacto también recibió críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, asociaciones de profesores y del exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, Larry Summers. Aunque reconoció que las universidades de élite han perdido el rumbo, Summers dijo que el pacto es como “arreglar un reloj con un martillo: mal concebido y contraproducente”.

“El rechazo que va a generar por su crudeza probablemente retrasará los esfuerzos de reforma necesarios”, advirtió.

El cumplimiento del pacto estaría a cargo del Departamento de Justicia. Si alguna universidad viola los términos, perdería los beneficios por al menos un año. En caso de reincidencia, la sanción aumentaría a dos años.