Un Tribunal bloqueó el inicio de la toma de control de la atención sanitaria en las prisiones de Arizona

PHOENIX (AP) — Un Tribunal Federal de Apelaciones ha suspendido la intervención —ordenada judicialmente— de los servicios de atención médica en las prisiones de Arizona, la cual estaba programada para comenzar ayer lunes.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden el viernes por la noche que bloquea la fecha de inicio, mientras los funcionarios del sistema penitenciario de Arizona apelan dicha intervención, también conocida como administración judicial.

El tribunal señaló que permitir que la intervención comience supondría un riesgo de daño irreparable para el estado en caso de que este gane la apelación; además, indicó que el caso plantea interrogantes sobre la autoridad de un juez federal respecto a las prisiones estatales.

No obstante, el tribunal aclaró que el administrador judicial —un profesional externo del ámbito penitenciario contratado para gestionar los servicios de salud— puede continuar con la planificación operativa para dicha intervención. Sin embargo, el traspaso de la gestión del sistema de salud, previsto para ayer lunes, ha quedado suspendido.

«Mientras el estado sigue recurriendo a cualquier maniobra para eludir la rendición de cuentas, nosotros nos mantenemos centrados en la crisis subyacente y continuaremos luchando para garantizar que las personas encarceladas no sufran ni mueran innecesariamente debido a las deficiencias del estado», afirmó Corene Kendrick, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representa a los reclusos en este caso.

Durante los últimos 14 años, Arizona ha enfrentado constantes denuncias sobre la gestión deficiente e insensible de su sistema de salud penitenciario, el cual ha fallado reiteradamente en implementar mejoras, exponiendo a los reclusos a daños y muertes evitables.

A principios de este año, la jueza federal de distrito Roslyn Silver ordenó la intervención tras concluir que el estado no había cumplido con los cambios exigidos por el tribunal ni con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos, tras más de una década de litigios. La jueza Silver determinó que los reclusos seguían expuestos a graves riesgos de daño y sufrimiento debido a deficiencias sistemáticas en su atención médica.

Los abogados del estado argumentaron que la jueza Silver adoptó una medida tan drástica como la intervención sin haber intentado primero soluciones intermedias para acelerar el cumplimiento, y añadieron que no se le dio al Departamento de Correccionales el tiempo suficiente para lograr mayores avances. En un comunicado, el Departamento de Correccionales, Rehabilitación y Reinserción de Arizona afirmó que mantiene su compromiso de mejorar la atención médica dentro de sus prisiones.