USCIS revoca la regla de carga pública de 2022: cambios para la residencia permanente en 2026

La administración Trump sostiene que la nueva norma permitirá a USCIS evaluar de forma más amplia cada solicitud de inmigración, con el objetivo de evitar que personas que puedan depender de beneficios públicos obtengan determinados beneficios migratorios. Según el gobierno, la medida busca proteger los recursos financiados por los contribuyentes y fomentar la autosuficiencia de los inmigrantes.

Tucson, Arizona. – La administración Trump está reactivando una norma que podría negar la residencia permanente a inmigrantes que utilicen beneficios públicos, entre ellos cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda y otros programas. La política, conocida como “carga pública”, apareció el jueves en el Registro Federal y será publicada formalmente el 20 de julio.

La medida se implementó por primera vez en febrero de 2020 como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal durante su primera administración, pero fue revocada después de que el presidente demócrata Joe Biden asumiera el poder.

¿Qué cambió?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) derogó la regulación de carga pública implementada en 2022 durante la administración Biden. Con este cambio, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) recuperan una mayor discreción para evaluar si un solicitante de una visa, de admisión al país o de ajuste de estatus —incluida la residencia permanente— podría convertirse en una carga pública.

Esto significa que, al analizar cada caso de manera individual, los funcionarios podrán considerar un conjunto más amplio de factores para determinar si el solicitante podría llegar a depender de beneficios públicos financiados por el gobierno.

¿Qué significa esto?

De acuerdo con el anuncio, la regulación de 2022 restringía los tipos de beneficios públicos que podían tomarse en cuenta durante una evaluación de carga pública.

Con la nueva norma, USCIS sostiene que sus funcionarios podrán analizar todos los factores relevantes de cada caso, de conformidad con su interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La administración afirma que el propósito de este cambio es promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.

¿Cuándo entra en vigor?

• 18 de septiembre de 2026.

¿Qué ocurre con el Formulario I-485?

USCIS publicará una nueva versión del Formulario I-485 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus).

A partir del 18 de septiembre de 2026:

• Solo se aceptará la nueva versión del formulario.
• Las versiones anteriores del I-485 serán rechazadas si están mataselladas o enviadas electrónicamente en esa fecha o después.

¿Afecta a todos los inmigrantes?

No necesariamente. La determinación de carga pública se aplica únicamente a ciertas categorías de solicitantes. Muchas categorías están exentas por ley (por ejemplo, refugiados, asilados y otras categorías protegidas). Además, el hecho de haber utilizado un beneficio público no significa automáticamente que una persona sea considerada una carga pública; la evaluación suele basarse en el conjunto de las circunstancias del solicitante.

Si estás pensando en presentar un Formulario I-485 o te preocupa cómo este cambio podría afectar un caso específico (por ejemplo, si recibes Medicaid, SNAP, SSI u otros beneficios), puedo ayudarte a analizar cómo podría aplicarse a tu situación.

AILA advierte que la nueva regla afectará a familias inmigrantes

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) expresó su preocupación por los cambios a la regla de “carga pública” impulsados por la administración Trump, los cuales entrarán en vigor el 20 de septiembre de 2026. La organización advirtió, a través de un comunicado enviado a Conecta Arizona, que la nueva política generará incertidumbre, ampliará la discrecionalidad de los funcionarios migratorios y podría afectar negativamente a las familias inmigrantes. AILA señaló que, junto con otras organizaciones, presentó comentarios formales durante el proceso regulatorio alertando sobre estos riesgos, pero aseguró que la administración ignoró sus observaciones.

“Durante décadas, el gobierno siguió un marco establecido y justo para evaluar la carga pública de las personas que vienen a Estados Unidos de manera temporal o permanente, como empleados de empresas estadounidenses y familiares de ciudadanos estadounidenses, basado en factores claros establecidos por el Congreso”, afirmó el presidente de AILA, Jeff Joseph. “Esta nueva regla pone una daga en el corazón de la inmigración legal, especialmente para quienes buscan reunirse con sus familias. Sustituye ese marco por incertidumbre y una amplia discrecionalidad que corre el riesgo de generar decisiones arbitrarias sin rendición de cuentas, además de desalentar a las familias de acceder a servicios esenciales”.

Por su parte, el director ejecutivo de AILA, Ben Johnson, advirtió que “el alcance de esta regla va mucho más allá de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Está diseñada para castigar a los ciudadanos que esta administración desaprueba: aquellos que forman parte de familias con estatus migratorio mixto”. Agregó que “ciudadanos estadounidenses que son plenamente elegibles para recibir beneficios renunciarán a atención médica, asistencia alimentaria y otros apoyos básicos por temor a que utilizarlos pueda poner en riesgo el estatus migratorio de un ser querido”. Johnson concluyó que AILA y sus más de 18,000 miembros instan a la administración a mantener estándares claros y consistentes que garanticen decisiones justas y protejan el bienestar de las familias.