Comienza el registro de inmigrantes indocumentados tras la aprobación de un juez federal a la administración Trump

Tucson, Arizona. – Un juez federal en Washington D.C. autorizó a la administración del expresidente Donald Trump a implementar a partir de este 11 de abril un registro de inmigrantes indocumentados, la medida ha encendido alarmas entre abogados y activistas pro inmigrantes.

La disposición exige que todos los no ciudadanos que hayan permanecido al menos 30 días en Estados Unidos, así como los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años, se inscriban en una base de datos federal. El registro requiere la entrega de información biométrica, como huellas dactilares, y obliga a los inscritos a portar prueba del registro en todo momento. El incumplimiento podría conllevar multas de hasta 5.000 dólares o penas de cárcel de hasta seis meses.

Según el gobierno, esta medida se ampara en una antigua ley de inmigración de la década de 1940, que ha sido aplicada solo en contadas ocasiones, como tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que la intención real es presionar a los inmigrantes para que se autodeporten, y temen que el registro facilite detenciones y deportaciones masivas, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.

Abogados consultados por Conecta Arizona recomiendan a los inmigrantes indocumentados que busquen asesoría especializada antes de entregar sus datos a través de las nuevas aplicaciones gubernamentales. Activistas aseguran que la administración Trump, al no contar con los recursos ni la información necesaria para realizar deportaciones masivas, recurre a estrategias para identificar y visibilizar a quienes viven en el país sin documentos.

Cómo y dónde registrarse

La implementación del Requisito de Registro de Extranjeros, un lineamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que exige que millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos se inscriban en un registro online en la web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) bajo amenaza de persecución penal comienza este 11 de abril.

La medida afectaría a entre 2.2 y 3.2 millones de extranjeros, según el DHS.

Dan por muertos a 6.300 inmigrantes para que pierdan el Seguro Social

Como parte de estas acciones, también se ha reportado que más de 6.300 inmigrantes —en su mayoría latinos— han sido clasificados como fallecidos en el “Archivo Maestro de Defunciones” de la Administración del Seguro Social. Esto ha tenido consecuencias graves para los afectados, como la anulación automática de sus números de Seguro Social, impidiéndoles trabajar legalmente o acceder a servicios básicos y beneficios como Medicaid y Medicare.

Desde el gobierno se argumenta que estas medidas buscan desincentivar la inmigración irregular, dado que no existen recursos suficientes para proceder con expulsiones a gran escala. No obstante, defensores de derechos civiles califican estas acciones como una violación a los derechos humanos y un intento de borrar a los inmigrantes de la vida pública.