ICE detuvo a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil en Hermosillo, durante el incendio de la guardería ABC

Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo, Sonora, está detenido en Arizona. Él tiene una sentencia que cumplir con la justicia mexicana por el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niñas y niños, además de 70 que resultaron lesionados.

El exfuncionario tenía la responsabilidad de autorizar la operación de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cuyas instalaciones están en la colonia Y Griega.

Copado Gutiérrez está -actualmente- bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. Tenía una ficha roja de la Interpol. Los cargos por los que había sido detenido, antes de considerarse prófugo de la justicia, era de homicidio y lesiones culposas, a consecuencia del fatal incendio.

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En entrevista con Sergio Valle, Gabriel Alvarado, abogado del Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, señaló que el procedimiento para el exfuncionario es muy similar al de la expropietaria de la guardería, Sandra Lucía “T”. La penalidad para él también será de 5 años y 7 meses de prisión.

Esta sentencia está firme, no puede ser objeto de recurso, amparo ni nada que pueda revocarse o modificarse, reveló el abogado.

En días previos, Conecta Arizona informó que Sandra Lucía “T”, una de las propietarias de la guardería ABC había sido deportada de Estados Unidos, donde estuvo -desde enero de 2025- en un centro de detención de Eloy, Arizona. El día 3 de octubre salió por la garita Dennis Deconcini, de Nogales, y fue reaprehendida por las autoridades mexicanas, para ser internada en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo.

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Copado Gutiérrez se encuentra en el Centro Correccional Florence, de Arizona. Anteriormente había sido detenido por los mismos cargos y salió en libertad bajo fianza. En el tiempo que ocurrió el incendio, estaba entre sus responsabilidades que se cumplieran las medidas de seguridad básicas para salvaguardar la vida y la integridad de los ocupantes, algo que no ocurrió.

Han transcurrido 16 años, cuatro meses y tres días de la desgracia que privó de la vida a 49 niños y bebés; y que dejó a otros menores con lesiones, a algunos de por vida. Los padres de todos esos niños, organizados en distintos movimientos, siguen exigiendo justicia y atención para que se respeten los derechos de los menores y no se repita una desgracia de este tipo.