Justicia para Lorenzo y Johan: organizaciones exigen investigaciones tras dos muertes en operativos de ICE

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes realizaron una conferencia nacional para exigir investigaciones independientes sobre las muertes de los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero durante operativos de ICE. Activistas, abogados y legisladores convocaron movilizaciones y vigilias en todo Estados Unidos.

Tucson, Arizona. – Con un minuto de silencio y el llamado a no olvidar los nombres de los inmigrantes, Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes realizaron una conferencia de prensa virtual para exigir investigaciones independientes sobre las muertes de ambos hombres durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El encuentro, titulado “Justice for Lorenzo, Justice for Johan”, reunió a dirigentes comunitarios, activistas, abogados, legisladores y representantes de organizaciones nacionales que denunciaron lo que consideran un patrón de uso excesivo de la fuerza en las operaciones migratorias y anunciaron una campaña nacional de vigilias y movilizaciones.

La conferencia fue moderada por Erika Andiola, directora política de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), quien abrió el evento recordando a ambos trabajadores y convocando a los asistentes a repetir sus nombres.

“Lorenzo Salgado Araujo. Johan Sebastián Guerrero. Decimos sus nombres porque sus familias los necesitan y porque no permitiremos que sean reducidos a un número de caso”, afirmó.

Dos casos, una misma exigencia

Durante la conferencia, los organizadores describieron los hechos ocurridos en Houston y Maine como parte de un mismo patrón que, sostienen, requiere una investigación independiente.

Según los participantes, Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano, trabajador de la construcción y residente de Houston durante más de tres décadas, murió el 7 de julio cuando agentes de ICE dispararon contra la camioneta en la que viajaba rumbo a su lugar de trabajo junto con otros integrantes de su cuadrilla.

Representantes de la organización LULAC señalaron que la familia enfrentó varias horas de incertidumbre antes de conocer oficialmente su fallecimiento y denunciaron irregularidades en la manera en que fue identificado en el hospital.

“Más allá del tiroteo, la familia tuvo que esperar horas para obtener información y confirmar su identidad”, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, quien ha acompañado a los familiares desde los primeros momentos posteriores al incidente.

Seis días después, el 13 de julio, ocurrió otro hecho que centró la atención de la conferencia.

De acuerdo con los organizadores, Johan Sebastián Guerrero, ciudadano colombiano de 26 años, murió durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine, mientras se dirigía a trabajar como repartidor de alimentos. En el vehículo viajaban también su esposa y su hija de tres años.

Crystal Caron, directora ejecutiva de Maine People’s Alliance, aseguró que su organización ha coordinado el apoyo a la familia, incluida la repatriación del cuerpo a Colombia y el acompañamiento legal durante la investigación.

“Independientemente de cuál fuera el objetivo del operativo, ninguna persona merece morir de esta manera”, afirmó.

Denuncias y demandas

A lo largo del encuentro, distintos dirigentes comunitarios sostuvieron que ambas muertes reflejan un incremento en la intensidad de las operaciones migratorias y cuestionaron la actuación de las autoridades federales.

Los participantes solicitaron investigaciones independientes sobre ambos casos, protección para posibles testigos, preservación de las pruebas y transparencia en los procesos.

También pidieron revisar la colaboración entre agencias locales de seguridad y autoridades migratorias, así como limitar el uso de tecnologías de vigilancia utilizadas para localizar personas durante operativos.

Desde Texas, Lizette Chacón, directora ejecutiva de Workers Defense Action Fund, sostuvo que los trabajadores inmigrantes viven un ambiente creciente de temor.

“Cuando un trabajador puede morir camino a su empleo durante una operación migratoria, el impacto alcanza a toda la comunidad laboral”, señaló.

Por su parte, Rochelle Garza, presidenta del Texas Civil Rights Project, afirmó que las políticas migratorias implementadas en Texas han servido de modelo para otras regiones del país y pidió que organismos estatales, federales e internacionales examinen las circunstancias de las muertes.

Congreso y movilización nacional

El congresista Joaquín Castro informó que el Caucus Hispano del Congreso tiene previsto realizar una audiencia pública en Houston para recopilar testimonios relacionados con el caso de Lorenzo Salgado Araujo y reiteró la solicitud de una investigación independiente.

Castro sostuvo que la presión pública ha contribuido a que autoridades estatales y locales anuncien revisiones del caso y llamó a mantener la vigilancia ciudadana sobre las investigaciones.

Mientras tanto, organizaciones participantes anunciaron una campaña nacional para organizar vigilias en distintas ciudades del país antes del 25 de julio.

Jessica Burroughs, organizadora nacional de The Workers Circle, explicó que cualquier persona puede convocar una vigilia en su comunidad con el objetivo de honrar a las víctimas y mantener la atención pública sobre los casos.

Los organizadores también difundieron enlaces para apoyar económicamente a las familias afectadas y convocaron a continuar documentando incidentes relacionados con operativos migratorios.