Quieren bloquear ley que prohibe brindar alimentos y tratamiento médico a personas sin hogar en parques públicos de Phoenix

Phoenix, Arizona.- Este 6 de mayo, el Concejo de la Ciudad de Phoenix tiene programado someter a votación la controvertida “Ordenanza de Tratamiento Médico Seguro en Parques” (G-7467, Sec. 23-45). Esta medida, junto con sus enmiendas propuestas, busca restringir la atención médica comunitaria y la distribución de alimentos en los parques públicos de la ciudad.

La iniciativa ha encendido las alarmas entre líderes comunitarios. La concejal del Distrito 7, Anna Hernández, junto con diversas organizaciones aliadas, han levantado la voz para denunciar serias preocupaciones tanto por el contenido de la ordenanza como por la forma en que ha avanzado sin tomar en cuenta a la comunidad.

“Si el miércoles rechazamos estos cambios de todos modos va a existir la original que pasó en diciembre, vamos a votar en cambios y lo que los proveedores de salud quieren ver es que rechacemos estos cambios y rechacemos estos cambios que pasaron en diciembre. Esta es una manera forzada de bloquear servicios para nuestra gente que esta obligada a vivir en los parques y que va a causar mas muertes que pueden ser prevenidas, van a subir las llamadas al 911, al servicio que buscan en los hospitales asi que será un impacto grande para la ciudad”, aseguró.

Criminalización de la compasión y barreras a la salud

Los defensores de los derechos humanos y trabajadores de la salud advierten que esta medida pone en jaque la supervivencia de las personas más vulnerables. Entre los principales argumentos en contra de la ordenanza destacan:

Falta de inclusión: La propuesta avanzó sin un diálogo real y equitativo con los proveedores de servicios ni con las personas directamente afectadas.

Riesgos médicos: Crea barreras inmediatas para la atención médica esencial, lo que podría aumentar enfermedades prevenibles, lesiones y sobredosis en las calles.

Penalización a profesionales: Obliga a los trabajadores de la salud y de alcance comunitario a decidir entre negar atención o enfrentar posibles sanciones penales.

Destrucción de la confianza: Socava la continuidad de la atención médica, la confianza de los pacientes y las prácticas de reducción de daños que ya están establecidas.

Presupuesto mal enfocado: Castigo en lugar de apoyo

Uno de los puntos que más ha indignado a los opositores es el manejo de los fondos públicos. Se han añadido $379,000 dólares a los servicios de Parques para financiar un puesto enfocado exclusivamente en hacer cumplir esta ordenanza.

Para los activistas, esto representa un desperdicio del dinero de la ciudad. Argumentan que, en lugar de invertir esos fondos en servicios de apoyo vitales, el dinero se está utilizando para vigilar y restringir los esfuerzos de cuidado comunitario, criminalizando la compasión sin presentar datos que demuestren que esta medida será efectiva.

Joel Cornejo, director ejecutivo de Semillas Arizona, hizo fuertes señalamientos para quienes aprobaron esta ordenanza.

“Cuando restringen el acceso al agua saben exactamente lo que eso causa, cuando bloquean el cuidado, la comida y el apoyo comunitario saben lo que eso causa. Saben que esas condiciones generan sufrimiento y saben que esas condiciones llevan a la muerte, aun asi continúan y entones hay que decirlo como es, ustedes estan ejecutando a nuestra gente a través de sus políticas, no digan que no sabían”, cuestionó.

Los críticos señalan que la ordenanza no aborda las verdaderas causas de la crisis en las calles, ignorando problemas de raíz como la inestabilidad de vivienda, las brechas en la atención de salud mental, la falta de recursos para adicciones y la inseguridad alimentaria.

El momento para impulsar esta medida es especialmente crítico. Cientos de miles de familias en el estado ya enfrentan una grave inseguridad alimentaria, agravada por la reciente pérdida de beneficios SNAP (cupones de alimentos) para más de 400,000 arizonenses. Aprobar restricciones a la distribución de comida y ayuda médica en los parques podría, según advierten los defensores, profundizar una crisis humanitaria que ya es urgente en nuestra comunidad.