Perú: elecciones en crisis y democracia en cuestión

➡️ Francisco Jáuregui / Plumas invitadas

Las elecciones generales de 2026 en el Perú, realizadas el 12 de abril, evidenciaron no sólo deficiencias logísticas, sino también una crisis estructural del sistema político.

El acto de votar dejó de percibirse únicamente como un ejercicio democrático para convertirse en un termómetro del malestar social.

Concluido el conteo oficial, corresponde realizar un balance preliminar del proceso electoral y de sus implicancias para la gobernabilidad democrática, poniendo énfasis en la deslegitimación institucional, la fragmentación política y el creciente distanciamiento entre ciudadanía y representación.

Fallas logísticas y fragilidad organizativa

Uno de los aspectos más visibles del proceso electoral, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue la incapacidad de garantizar condiciones mínimas de normalidad. El día de las elecciones se registraron retrasos y omisiones en la distribución del material electoral, situación que obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extender la jornada de votación por una hora y, posteriormente, por un día adicional en determinadas mesas.

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Estos hechos evidenciaron serias deficiencias en la planificación y fiscalización del proceso.

A ello se sumó un ausentismo de aproximadamente 32 % del electorado, del total de 27.3 millones de ciudadanos habilitados para votar. Este escenario no sólo afectó el ejercicio efectivo del sufragio, sino que proyectó una imagen de precariedad institucional que debilitó la legitimidad del proceso desde sus inicios.

Cuestionamientos al escrutinio y debilidad institucional

El lento conteo de votos, sumado a la existencia de actas observadas, generó un clima de incertidumbre que fue rápidamente aprovechado por diversos actores políticos, especialmente por el candidato ubicado en el tercer lugar. Las acusaciones de fraude sin pruebas concluyentes, así como los insultos y amenazas dirigidos contra las autoridades electorales, incrementaron progresivamente la tensión política.

Con el avance de los resultados oficiales, las declaraciones alcanzaron mayor radicalidad: se propuso la renuncia de las principales autoridades electorales, la realización de elecciones complementarias e incluso la convocatoria a una “marcha de los cuatro suyos”.

Estas narrativas, pese al respaldo de observadores internacionales a la transparencia general del proceso, contribuyeron a profundizar la polarización política y erosionar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

La situación se agravó con la renuncia del jefe de la ONPE en pleno proceso electoral, decisión aprobada por el JNE y cuestionada por contravenir el principio de continuidad institucional durante el desarrollo de los comicios.

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Resultados electorales y polarización política y territorial

Los resultados de la elección presidencial reflejaron una marcada fragmentación política. De los 35 candidatos participantes, ninguno logró alcanzar una mayoría simple tras campañas y por debates poco sustantivos y una alta dispersión del voto.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y principal agrupación del actual Congreso, obtuvo el primer lugar con 17.18 % de los votos válidos (aproximadamente 15 millones de electores). En segundo lugar, quedó Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, con 12.03 %. En tercer lugar, se ubicó Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, con 11.90 %.

Asimismo, otras agrupaciones lograron superar la valla electoral (5 % de los votos válidos) como las lideradas por Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Carlos Álvarez y Alfonso López, quienes se identificaron principalmente con posiciones de centro político.

La segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio, enfrentará a Fujimori y Sánchez, candidatos que en conjunto apenas alcanzaron alrededor de 30 % de los votos válidos.

Este dato revela no solo la debilidad de representación de ambas candidaturas, sino también la persistencia de profundas divisiones territoriales, económicas y culturales.

Mientras el norte urbano del país respaldó mayoritariamente a Fujimori, asociada a una derecha liberal y conservadora en lo económico, el sur rural favoreció a Sánchez, identificado con posiciones de izquierda nacionalista. Lima Metropolitana, por su parte, mostró un apoyo significativo a López Aliaga y a sectores de derecha conservadora.

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Congreso fragmentado y el fortalecimiento de una dinámica parlamentaria

En relación con el nuevo Congreso bicameral, los resultados preliminares confirman la continuidad de un sistema presidencial debilitado y condicionado por la fragmentación parlamentaria.

En la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, se proyecta que Fuerza Popular alcance 34 escaños; Juntos por el Perú, 28; y Renovación Popular, 25. El resto se distribuiría entre las demás agrupaciones que superaron la valla electoral. Mientras en el Senado, conformado por 60 representantes, Fuerza Popular obtendría 16 escaños; Juntos por el Perú, 14; Renovación Popular, 12; Ahora Nación, seis; Partido del Buen Gobierno, cinco; OBRAS, cuatro; y País para Todos tres.

Aunque el número de partidos representados sería menor en comparación con el Congreso saliente, la ausencia de mayorías claras anticipa un escenario de negociación permanente y de eventuales tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En consecuencia, la capacidad del próximo gobierno para impulsar reformas estructurales dependerá de acuerdos políticos frágiles y coyunturales.

Hacia una democracia formal, pero frágil

Los resultados electorales permiten anticipar que el Perú mantendrá una democracia formalmente vigente, aunque institucionalmente debilitada. El escenario recuerda, en varios aspectos, al vivido hace cinco años: Keiko Fujimori vuelve a disputar la segunda vuelta por una cuarta oportunidad, mientras que Roberto Sánchez aparece asociado políticamente al expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso y actualmente procesado judicialmente. Ambos representan proyectos políticos opuestos, situación que podría profundizar la polarización social, incrementar la incertidumbre económica y dificultar la gobernabilidad.

Fujimori propone mantener el actual modelo económico de mercado y ha planteado un discurso centrado en el “orden y la seguridad”. No obstante, sus críticos sostienen que el fujimorismo ha ejercido una influencia determinante en el Congreso durante la última década, participando en la vacancia y designación de presidentes, así como en reformas cuestionadas relacionadas con el sistema judicial y constitucional, sin respetar la independencia de los principales poderes del Estado.

Por su parte, Sánchez -actual congresista- ha defendido propuestas vinculadas a una Asamblea Constituyente, la revisión de contratos mineros y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos. Sus detractores advierten que estas medidas podrían generar incertidumbre económica y desalentar la inversión privada, especialmente en un contexto de limitada representación parlamentaria.

Ante esta disyuntiva, ambos candidatos deberán moderar sus propuestas y construir acuerdos políticos amplios que les permitan atraer al 70% del electorado que no respaldó sus candidaturas en primera vuelta y que estarían optando por el voto nulo o viciado. De no producirse consensos mínimos, el país podría enfrentar un nuevo ciclo de confrontación política, debilitamiento institucional y creciente desconfianza ciudadana hacia la democracia representativa.

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