ICE afirma que la beneficiaria de DACA Karla Toledo agredió a un agente; comunidad exige su liberación

Tucson, Arizona. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a Conecta Arizona este miércoles que Karla Toledo permanecerá bajo custodia migratoria mientras continúan sus procedimientos de deportación, luego de ser arrestada el pasado 18 de mayo durante un operativo migratorio en su vivienda en Tucson.

A través de un comunicado enviado a este medio, DHS señaló que Toledo, originaria de México, “ingresó ilegalmente al país el 12 de octubre de 2024” y que durante el operativo presuntamente agredió a un agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando intentaban detener a otra persona. La agencia indicó además que, al momento de su arresto, existía una orden activa relacionada con su caso y una solicitud pendiente bajo el programa DACA.

ICE también enfatizó que los beneficiarios de DACA no cuentan automáticamente con protección contra la deportación y que dicho programa “no otorga un estatus legal migratorio”.

La declaración surge luego de que familiares, residentes y activistas se manifestaran frente a las oficinas de ICE en Tucson para exigir la liberación de la joven beneficiaria de DACA.

La familia afirmó que Toledo llegó a Estados Unidos siendo niña. Además, su madre aseguró que durante la pandemia trabajó para una organización sin fines de lucro que brindaba asistencia a familias.

Solicitamos a ICE una aclaración sobre por qué sus registros indican que Toledo ingresó al país ilegalmente el 12 de octubre de 2024.

Verónica Ortiz, madre de la joven, aseguró que los agentes entraron a la vivienda sin mostrar documentos legales antes de detener a su hija y trasladarla inicialmente a las oficinas de ICE en Tucson.

“Ella les pedía que si tenían una orden para arrestarla y le dijeron que no tenían. Se metieron hasta adentro”, relató Ortiz visiblemente triste afuera de las instalaciones.

Según explicó, Karla cuenta con protección vigente bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por lo que considera injustificada la detención.

“Ella confiaba porque tiene permiso de DACA y está vigente, no está vencido ni nada. Ellos no deberían haber pasado a la casa y tampoco llevarse a mi hija”, expresó.

La madre describió sentirse “impotente y muy triste”, aunque aseguró mantenerse fuerte para exigir la liberación de su hija.

Ortiz también defendió el trabajo comunitario que Karla ha realizado durante años en Arizona, especialmente durante la pandemia.

“Ella ha servido mucho a la comunidad. Ayudó a miles de familias durante el COVID, apoyando con rentas, comida y recursos comunitarios. No es una criminal”, afirmó.

Por su parte, María Eugenia Carrasco, coordinadora de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, señaló que Karla Toledo es ampliamente conocida por su activismo en apoyo a inmigrantes y familias de bajos recursos.

“Ella ayudaba a la gente llenando papeles de inmigración, ciudadanía y otros procesos. Es una muchacha muy preparada y muy activista”, comentó Carrasco.

Carrasco también cuestionó el operativo realizado por ICE y denunció el uso excesivo de fuerza durante el arresto, según videos captados por cámaras de seguridad de la vivienda y compartidos por familiares durante la protesta.

“Ella misma daba talleres diciendo que no había que resistirse cuando llegara inmigración, pero aun así se le fueron encima. No hubo necesidad de tratarla así”, dijo.

Hasta el momento, Karla permanece bajo custodia migratoria en el Centro de Detención de Florence, Arizona.

La congresista de Arizona, acudió a las oficinas de ICE en Tucson para intentar obtener información sobre la situación de Karla Toledo y verificar su estado de salud tras la detención.

Grijalva explicó que logró hablar brevemente con la joven y confirmó que se encontraba físicamente bien.

“Karla es beneficiaria de DACA y tiene estatus legal en este país”, afirmó Grijalva. “Estoy pidiendo a ICE que la libere inmediatamente”.

La legisladora también cuestionó el operativo realizado por agentes migratorios, quienes presuntamente ingresaron al domicilio sin presentar una orden judicial.