La Corte Suprema permite, por ahora, reanudar las deportaciones rápidas a terceros países mientras evalúa la política de Trump

Por Lindsay Whitehurst, Associated Press.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema permitió el martes que el gobierno del presidente Donald Trump continúe, por el momento, deportando rápidamente a personas a países distintos a los suyos, mientras los magistrados deliberan sobre la legalidad de dicha política.
La orden, aprobada aparentemente por 6 votos a favor y 3 en contra, suspende la decisión de un tribunal inferior. Dicha decisión exigía al gobierno dar a los migrantes la oportunidad de presentar objeciones antes de ser enviados a países con los que no tienen ningún vínculo.

La Corte Suprema escuchará los argumentos del caso en diciembre.
El gobierno de Trump afirmó que la orden del tribunal inferior obligó a cancelar la semana pasada un vuelo de deportación que transportaba a unas 70 personas con destino a tres países.
Los magistrados ya se habían puesto del lado del gobierno anteriormente respecto a esta política central de la administración Trump, permitiendo que los vuelos de deportación continuaran temporalmente el año pasado.
El tribunal indicó que examinará varias cuestiones: si la política es legal, si los tribunales inferiores tenían autoridad para emitir un bloqueo de amplio alcance y otros asuntos que el gobierno considere pertinentes.
En virtud de una serie de acuerdos, a menudo confidenciales, el gobierno de Trump ha deportado a unas 25,000 personas a más de dos docenas de países, incluidos Liberia y Guyana. La gran mayoría ha sido enviada a México.
La administración republicana de Trump ha declarado que envía a terceros países a personas con órdenes definitivas de deportación cuando no pueden ser devueltas a sus lugares de origen o cuando sus países natales no las aceptan; esto incluye a personas con antecedentes penales. Dichos gobiernos ofrecen garantías de que las personas no serán perseguidas ni torturadas, según señalaron los abogados federales.
Sin embargo, algunos migrantes han terminado encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar antes de su llegada. Otros enfrentan graves riesgos de seguridad y se quedan con pocas opciones más que regresar a los países de los que huían. Muchos no tienen antecedentes penales y han sido reconocidos como personas en riesgo de tortura o persecución, afirmaron los abogados de los inmigrantes.
El caso surge en medio de una amplia ofensiva migratoria por parte del gobierno de Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.
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