Visas y vidas en pausa

“Que hagan las cosas bien, que se vengan legales”. Esa es la frase que escuchamos con mucha frecuencia al hablar de migración en Estados Unidos. La he oído en reuniones familiares, la he visto en comentarios de Facebook, la he desafiado en entrevistas de televisión y la he cuestionado en conversaciones donde casi siempre falta alguien: la persona que lleva años esperando una cita, una respuesta o una fecha para volver a abrazar a los suyos.

Esa frase también ha tenido cabida en muchísimos discursos y administraciones. Se repite como una letanía.

Venir de manera legal, como millones lo hemos hecho, es formarse en una línea que parece eterna, tocar la puerta y, en este año, saber que nadie abrirá.

¿Por qué?

Porque la actual administración presidencial decidió poner en pausa las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero, visas que conllevan un camino a la residencia permanente. Lo hace como otro intento de atacar de frente la migración, aunque esta vez es la que tiene un sistema y una vía, comprobantes y cuotas, y expedientes que se empolvan en escritorios de agentes consulares desbordados de trabajo. Sí, se ataca, se cuestiona y se restringe la migración legal de la que tanto hablan.

¿Por qué? Otra vez la pregunta que nos hacemos todos los días. Y no se me ocurre nada mejor que pensar que estamos en elecciones de medio término.

La medida se presenta como una suspensión temporal mientras se capacita a personal consular en los criterios de la regla de “carga pública”. Dicen que las citas canceladas se reprogramarán, pero no cuándo.

En estados como Arizona, la carga pública está definida desde hace mucho en el discurso político, y los beneficios públicos son solo para aquellos que ya tienen papeles. La realidad legal es más compleja: no todos los programas tienen las mismas reglas de elegibilidad y el análisis de “carga pública” no aplica automáticamente a todas las personas migrantes ni significa, por sí solo, que recibir un beneficio impida obtener la residencia.

Además, ¿cómo darle respuesta a una política que cambia y se interpreta a conveniencia?

El proceso es tan largo y engorroso que, para cuando uno llega a la entrevista consular, este gobierno ya tiene nuestro expediente médico, la cartilla de vacunación, sabe cuánto hay en las cuentas de banco, tiene el árbol genealógico y hasta los secretos más vergonzosos que uno hubiera preferido no contar.

Para venir “bien”, uno tiene que juntar papeles que a veces están en dos o más países. Es pedir actas, apostillas, traducciones, certificados. Ya lo viví. Es pagar tarifas costosas y que suben cada año. Es revisar el correo una y otra vez. Es aprenderse números de caso y visitar la página de USCIS o del Departamento de Estado a cada rato. Es explicarle a una familia ansiosa que “ya merito”, “si quiere Dios” o “un día de estos” podremos reunificarnos.

En un país que insiste en que las personas deben seguir “la vía legal”, estas pausas deberían generar más preguntas.

¿Qué significa hacer las cosas bien si las reglas cambian mientras uno está formado? ¿Cuánto tiempo más debe uno esperar? ¿En qué momento la revisión se vuelve castigo? ¿Y cuántas veces se puede pedir paciencia a alguien que lleva años pendiendo del hilo de la esperanza?

No es una petición para que se regalen visas o se otorguen por lástima y misericordia. Es que exista un proceso claro, justo y transparente, donde la discreción tenga lineamientos y no permita que los casos sigan aplazándose sin que nadie sepa hasta cuándo. Porque una promesa que se aplaza demasiado tiempo deja de sentirse como esperanza.