Agentes federales ingresan a tierras Tohono O’odham en medio de disputa por muro fronterizo
Agentes de CBP acompañaron a contratistas a tierras de la Nación Tohono O’odham para realizar trabajos de preconstrucción relacionados con el muro fronterizo. La Nación denuncia que el ingreso no fue autorizado y exige respeto a su soberanía, mientras CBP sostiene que el proyecto cuenta con respaldo legal y fondos del Congreso.
Tucson, Arizona. – La disputa por la construcción de un nuevo muro fronterizo en tierras de la Nación Tohono O’odham escaló este miércoles después de que agentes federales acompañaran a contratistas a territorio de la Nación para realizar trabajos relacionados con el proyecto conocido como “Tucson 5”.
La Nación Tohono O’odham informó que la mañana del 25 de agosto agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siblas en inglés), incluyendo personal de la Patrulla Fronteriza, ingresaron junto con contratistas a diferentes puntos de la Nación.
De acuerdo con autoridades tribales, los contratistas llevaron equipo de perforación para realizar muestras de suelo y otros trabajos de preconstrucción relacionados con el proyecto del muro fronterizo.
La Nación sostiene que el ingreso de los contratistas no estaba autorizado y que viola sus leyes. En las semanas anteriores, autoridades tribales habían colocado avisos de “No Trespassing” y habían retirado del territorio a contratistas vinculados con el proyecto.
La Nación Tohono O’odham se opone a la construcción del muro y sostiene que el gobierno federal no puede ignorar su soberanía y sus derechos sobre estas tierras.
El proyecto, conocido como Tucson 5, contempla la construcción de una barrera física y otra infraestructura de seguridad fronteriza a lo largo de aproximadamente 62 millas de la frontera en esta región.
CBP sostiene que tiene autoridad para continuar con el proyecto.
El comisionado de CBP, Rodney Scott, defendió los trabajos argumentando que el proyecto fue financiado por el Congreso y que una corte federal permitió que siguiera adelante.
Scott señaló además que CBP considera esta zona un corredor utilizado para el tráfico de drogas y personas, y afirmó que el proyecto busca cerrar lo que la agencia considera una brecha en la seguridad de la frontera.
Sin embargo, la disputa no se limita a si el gobierno federal puede construir el muro. Una de las principales controversias ahora es el acceso de los contratistas a las tierras de la Nación.
La Nación argumenta que los contratistas no tienen autorización para ingresar y que las autoridades tribales tienen derecho a controlar el acceso a su territorio.
El conflicto también se encuentra en una corte federal.
La Nación demandó a funcionarios federales en junio y solicitó una orden preliminar para detener el proyecto. Una corte federal rechazó esa petición.
Documentos del caso muestran que CBP otorgó el contrato para Tucson 5 el 26 de junio y que los trabajos de diseño ya estaban en marcha. En esos mismos documentos, el gobierno indicó que no anticipaba comenzar las actividades de construcción antes del 12 de octubre de 2026.
Por esa razón, las actividades realizadas esta semana —incluyendo perforaciones y muestras de suelo— se describen hasta ahora como trabajos de preconstrucción y no como el inicio confirmado de la construcción física del muro.
La presencia de agentes federales acompañando a los contratistas provocó además una fuerte reacción política en el Condado Pima.
La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado Pima, Jennifer Allen, calificó lo ocurrido como una “incursión armada” y acusó al gobierno federal de no respetar la soberanía de la Nación Tohono O’odham.
Allen sostuvo que la Nación tiene autoridad para gobernar su territorio y controlar el acceso de personas que no pertenecen a la comunidad. También pidió que los agentes federales abandonen las tierras de la Nación.
Además, hizo un llamado a los senadores de Arizona Mark Kelly y Ruben Gallego para que investiguen lo ocurrido y determinen si debe haber consecuencias para los funcionarios responsables.
Por su parte, autoridades de la Nación han señalado que las interacciones entre la policía tribal y los agentes federales se han mantenido pacíficas.
La situación deja abiertas dos disputas paralelas: por un lado, el gobierno federal sostiene que tiene autoridad legal para avanzar con Tucson 5; por otro, la Nación Tohono O’odham mantiene que su soberanía le permite controlar quién puede ingresar a sus tierras y continúa oponiéndose al proyecto.
Mientras el litigio continúa, CBP avanza con las etapas preliminares del proyecto y la Nación evalúa sus siguientes opciones legales.
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